Dos consecuencias directas han quedado del acuerdo de diciembre entre La Universidad Nacional de Tucumán, Catamarca y Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), corroborado con un decreto presidencial de enero. Por un lado, se termina la obligación de la UNT de tener que hacer la Ciudad Universitaria en San Javier. Por otro, la casa de estudios queda libre para definir qué hacer con los recursos mineros que recibe de YMAD, que empañaron su historia reciente con las oscuras maniobras desmenuzadas en el juicio por malversación de sumas millonarias contra el ahora condenado ex rector Juan Alberto Cerisola.

Gran dolor de cabeza

Tras ese juicio, en el que se sacudió la vida íntima de la Universidad a lo largo de los 67 años que rigió la ley 14.771 de creación de YMAD de 1958, y tras el decreto, el rector actual, Sergio Pagani, se saca de encima una pesada mochila. Ya no tiene que hacer todas las otras obras que en teoría estaban diseñadas, como decía la Ley 14.771, “conforme a los planos aprobados”. Esta frase fue el gran dolor de cabeza para todas las autoridades universitarias frente a los recursos mineros. Y fue especialmente punzante para Cerisola en el juicio.

En el proceso oral, por cierto, Cerisola fue condenado por las maniobras con los fondos para las obras y por los sobreprecios que se pagaron. En el juicio estuvieron bajo análisis 13 obras denunciadas, realizadas en el período 2006-2009. En su gestión se hicieron unas 100 obras, muchas con Construcciones Universitarias, pero no hubo denuncias en contra de las restantes, de modo que no se sabe cómo se hicieron los controles al respecto. En las 13 cuestionadas judicialmente, los controles de la universidad hicieron agua.

El enigma de las cajas con los planos

Pero los “planos aprobados” han quedado como uno de los enigmas de este proceso. Nadie ha podido explicar cómo fue que se había dos cajas arrumbadas en una oficina en la ex Quinta Agronómica que contenían unas 2.000 láminas y dibujos, y algunos planos, todos referidos a la Ciudad Universitaria. La UNT debió hacer un informe para demostrar que no eran todos planos de la CU y, además, probar que semejante megaproyecto del tiempo del rector Horacio Descole, iniciado en 1948, se había ido haciendo por obras y no según un diseño general con planos específicos. También Cerisola en el juicio argumentó que no había planos de todo.

Pero nadie pudo explicar el misterio de esas cajas, halladas hace tres años. Con el decreto de cambio de la ley, se termina la obligación de hacer la Ciudad Universitaria en el cerro, “conforme a los planos aprobados”.

Cambio de paradigma

¿Hubiera habido alguna posibilidad de continuar el proyecto? La verdad es que nunca hubo cuestionamientos directos, como en estos últimos años, aunque la UNT puso énfasis en que ya en los años 60 el Consejo Superior y el rector Eugenio Flavio Virla habían descartado hacer más obras en el cerro. Además, desde 1972, cuando se creó el parque Biológico, luego Parque Sierra de San Javier, ya se consideraba que el cerro era una reserva biológica y ambiental que había que cuidar de toda invasión antrópica. En otro informe que hizo la UNT el año pasado se dieron fuertes argumentos ambientales a favor de la preservación de la montaña, así como se discutió sobre la falta de previsión que tenía pensar una ciudad con 30.000 estudiantes y todo el movimiento que implicaba en un cerro con una ladera oriental inestable, de lajas. Se había previsto dotarla de agua desde Anfama pero no se habían previsto cloacas y nunca se encaró en serio el camino por la ladera oriental.

¿Son estos argumentos de peso? En el contexto actual, sí. Ya sabemos que Tafí Viejo y Yerba Buena han puesto límites a la urbanización y la invasión antrópica en las yungas y que hay intentos de que se unan las comunas de San Pablo y Nueva Esperanza (que en la actualidad permiten que se construyan barrios hasta en la cumbre del cerro).

Pero años atrás no había esos pruritos y se mantenía la ilusión de Juan B. Terán de subir a mejorar la vida en la montaña. En una nota del 21 de agosto de 1973 Horacio Descole (que regresó entonces a la UNT como director del Institulo Lillo) planteaba que la Nación había comprometido $700 millones para terminar los 2.600 metros del funicular, para que funcionase en diciembre de 1974, así como completar el monoblock y organizar el parque Biológico como parte de los planes de la reactivación de la Ciudad Universitaria. Y junto al flamante director del parque, Nicolás Leiva, hablaban de resolver los problemas de la creciente erosión en zonas próximas a Tafí Viejo, sin cuestionar el gran proyecto para el cerro.

“A contrapelo de la historia”

Cierto es que años después hubo un reconocimiento de que el gran megaproyecto, hecho con los mejores profesionales de aquel tiempo, era una utopía. Como se recordó en los Recuerdos fotográficos del sábado, en 1994 Eduardo Sacriste, uno de los profesionales del origen de la Ciudad Universitaria, dijo que “ese gran sueño se desarrolló a contrapelo de la historia; nunca estuvimos en verdaderas condiciones de llevarlo adelante, y la realidad lamentablemente terminó por imponerse”. En julio pasado, Álvaro Bravo, del Observatorio Ambiental de la UNT y quien hizo el informe sobre la CU, dijo que el mismo Nicolás Leiva en los 70 había dado pautas ambientales de protección que acompañaron el cambio de paradigma y que ahora habrá que hacer “una gobernanza muy articulada y liderada” sobre las instalaciones en el cerro.

Como sea, es la tendencia de hoy. Como señala uno de los delegados de la UNT en YMAD, José Roberto Toledo, citando al jurista Von Hiering, “El interés es la medida de la acción” y así es el nuevo contexto.

Nuevas vetas en YMAD

Del lado de YMAD, ahora la empresa tiene seis meses para acomodarse tras el decreto presidencial. Ha de seguir aportando dividendos de la minería (en enero produjo 52 kilos de oro y 680 de plata, dijo Toledo) y espera ver cómo evolucionan los nuevos proyectos porque se hallaron más vetas en los 244 km2 que tiene el pedimento de YMAD. Es el área en el distrito minero Aguas de Dionisio - Farallón Negro, que descubrió a fines de los años 30 Abel Peirano, quien legó sus derechos entonces a la UNT.

Libre del lastre que le imponía la Ley 14.771 de hacer la Ciudad Universitaria en el cerro, la UNT ahora deberá decidir, con su Consejo Superior -probablemente después de las elecciones de este año- qué y cómo hacer con los beneficios mineros. Tiene guardados en plazo fijo los dineros que estaban comprendidos en la discusión sobre el 40% que corresponde a la universidad, que atravesó todo el juicio a Cerisola, y las utilidades que han de venir, en caso de que se profundice la participación universitaria en la minería.

Por ahora ha comenzado el adiós a un sueño de siete décadas de la Ciudad Universitaria, que comenzó en 1948 con la idea de que Tucumán iba a tener un centro señero en toda latinoamérica para estudios universitarios, repetido como un mantra en todo ese tiempo. Habrá que dejar rodar una lágrima y pensar que quizá sea mejor así. Quién sabe.